El sector agrario pide su equiparación con los productores del territorio continental
El sector agrario insular tiene clara la necesidad de que el Estado, a través del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, agilice la aprobación del nuevo texto del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, un objetivo para cuya consecución creen que es fundamental una línea de interlocución directa entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno que preside Mariano Rajoy a través del consejero de Agricultura, Narvay Quintero.
Los agricultores palmeros quieren que la consistencia del documento permita que su vigencia pueda mantenerse durante, al menos, las próximas dos o tres décadas, de forma que se garantice, entre otras cuestiones, la ayuda al transporte para las islas mal llamadas menores en materia de transporte, equiparándolas en materia de competitividad a los productores y comercializadores del territorio continental.
El presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de La Palma, Miguel Martín, que actúo como uno de los interlocutores del sector agrario insular en la primera visita oficial del nuevo consejero autonómico de Agricultura, Narvay Quintero, expresó su impresión “muy positiva” en los planteamientos del responsable regional, de quien dijo “hemos encontrado una especial sensibilidad ante los problemas de islas menores como La Palma. Es importante que se acerquen a las posibles mejoras para el sector con una visión clara de nuestros problemas”.
El mandatario nacionalista en su primera visita oficial a La Palma atendió con interés la petición expresada por el sector sobre la necesidad de aumentar de forma sustancial las superficies destinadas en los municipios palmeros a la ubicación de explotaciones ganaderas, un asunto que en primera instancia está en manos del propio Cabildo palmero pero que necesita ser ratificada por el Gobierno canario a través de la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente, la Cotmac.
Miguel Martín entiende que la revisión que se está llevando a cabo en el documento de mayor rango insular en materia de ordenación, debe reasignar aprovechamientos, es decir, hacer una ampliación de suelos agrarios aptos para explotaciones ganaderas a unas distancias razonables de las infraestructuras básicas para que los nuevos ganaderos puedan garantizar la viabilidad y la sostenibilidad económica de esas futuras instalaciones, actualmente inviables.
Publicado en: El Diario de Avisos