Viejos problemas y nuevos retos

Este artículo fue publicado en el Revista Palca nº32. Ver revista completa
Muchas son las trabas con las que tropieza cualquier agricultor o ganadero palmero al entrar en el entramado burocrático de la planificación cuando pretende legalizar, ampliar o mejorar su explotación. Citaremos cuatro ejemplos que nos pueden ilustrar:
– La legalización de las instalaciones ganaderas. En la isla de La Palma, después de aquel grupo, en concreto 33 granjas, a las que se entregó en 2012, gracias a la aplicación de la Ley de Medidas Urgentes, un título habilitante para corregir ciertas deficiencias detectadas en sus instalaciones, en la actualidad, tres de ellas están legalizadas y las otras treinta pendientes de algún trámite burocrático. Nada más se ha sabido del resto, unas 144 en total, cuyos expedientes suponemos se encuentran en algún despacho de la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias, durmiendo el sueño de los justos y esperando la hora del juicio final.
– La instalación de plantas de compostaje, que afecten a un municipio o a una comarca para la gestión de material vegetal, tanto de podas como subproductos del manipulado de frutas y hortalizas. Así como el tema de la vermicultura (compostaje con lombrices) que no se tiene nada claro donde ubicar su criadero.
– La instalación de invernaderos destinados a la horticultura, que tanto problema tienen en el encaje cercano a los núcleos de población, sobre todo, en el este de la Isla.
– Por último, pero no por ello menos grave, solo un Plan General de Ordenación Urbana se ha adaptado al Plan Insular de Ordenación del Territorio, en cuanto a la ubicación de nuevas instalaciones ganaderas en la isla.
Con el fascinante panorama que se vislumbra, ¿cómo se pretende que haya nuevos agricultores y ganaderos que se incorporen al agro y se consiga el tan ansiado relevo generacional. Por otro lado, ahora, que se abre el melón de las ayudas para mejoras en las instalaciones, muy pocas van a ser las que se puedan acoger a las mismas, ya que es necesario licencia municipal. Sí señor, así es como se incrementa el pírrico1% que aporta el sector agrario al PIB canario.
Otra de las cuestiones es que en un importante grupo de Planes Generales de Ordenación Urbana que se están adaptando al Plan Insular de Ordenación del Territorio, sólo algunos han presentado propuestas de ubicación para las instalaciones ganaderas, cuya actividad es incompatible dentro de la ordenación presentada, porque no cumplen con las distancias exigidas, se encuentran dentro del casco urbano o cercanas a viviendas ubicadas en los asentamientos rurales, entre otras casuísticas del ordenamiento. Todo ello, basado en que la norma que emana del Plan Insular de Ordenación del Territorio es de obligado cumplimiento por parte de los Planes Generales, que han de colocar ámbitos especializados para el traslado de estas instalaciones ganaderas. Visto lo visto, quizás sea que no hay interés o se espera a que desde otras instancias se les de el trabajo hecho.

Ahora que se habla mucho de cambio climático, de soberanía alimentaria o de custodia del territorio, tendríamos que plantearnos si realmente hay conciencia a la hora de estudiar la planificación para atender a los nuevos retos de futuro. Desde todas las dependencias de la UE relacionadas con el medio ambiente, instan a un cambio de modelo, una producción local que sea compatible con el entorno, que fije población al territorio y proporcione economía local. En definitiva, tender a una agricultura y ganadería ecológica, que proporcione productos de calidad saludables.
Con estos mimbres ahora tenemos que conformar el cesto de un sector agrario, que por un lado tiene problemas para situarse sobre el territorio, desde el punto de vista de la planificación y, por otro, ha de sufrir una transformación profunda en la concepción de su forma de gestionar y producir, pasando de unas técnicas basadas en recursos externos a un aprovechamiento de los propios.
El nuevo concepto que se ha puesto sobre la mesa, que el sector agrario sea compatible con la protección del territorio y del medio ambiente, parece que no encaja para nada en algunas mentes proteccionistas a ultranza. Cómo no va a ser compatible el pastoreo racional con un espacio declarado natural o protegido, o la producción de agricultura ecológica bajo invernadero. En esta tierra ya llevamos bastantes centurias haciendo compatibles ambos conceptos, el Agro con el Medio Ambiente, ahora solo falta que los planificadoresse den cuenta de ello.
Tanto la custodia del territorio, como instrumento que garantice, con un contrato entre el ganadero o agricultor y una entidad de custodia (es una organización sin ánimo de lucro, que promueve un conjunto de estrategias e instrumentos donde pretende implicar a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y el buen uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos), la compatibilidad de las actividades de aquellos con la protección del medio, a través de dicho contrato; así como la utilización de variedades locales con una producción diferenciada, son algunas de las iniciativas que se están barruntando en la mente de muchos de nuestros agricultores y ganaderos, aunque desconocemos como estos proyectos encajarán en el puzle de la planificación, máxime cuando estamos incluyendo actividades agrarias dentro de los espacios destinado a protección, ya sean naturales o forestales, que tienen unas normas rígidas y permiten escasos cambios.
Las puertas que se están poniendo al campo para desarrollar nuevas iniciativas, hace que muchos proyectos acaben en la basura o guardados en el
baúl de los recuerdos. Aunque siempre uno se sorprende cuando después de batallar más de cinco años, te llega la noticia de que un joven ganadero se instala y comienza su actividad o que, por fin, aquel otro agricultor puede tener su invernadero y contratar a dos peones agrícolas para que le ayuden en sus tareas.

Por tanto, se establece un nuevo reto, que los Planes Generales no sean documentos rígidos y encorsetados, como si fueran una foto fija (ya lo he comentado en otras ocasiones en artículos anteriores de esta revista), sino que tengan la suficiente flexibilidad y capacidad para poder introducir en los mismos nuevas propuestas, máxime cuando el sector agrario está en constante evolución, adaptando sus sistemas productivos a los vaivenes que le impone el mercado.
Parece que se enciende una luz de esperanza, el Gobierno de Canarias ha decidido sacar adelante una nueva Ley del Suelo, cuyo Anteproyecto aprobó el Consejo de Gobierno el pasado 22 de febrero, e iniciar su andadura camino del Parlamento. En una primera lectura, nos da la impresión que su texto tiene algo en cuenta el sentido común a la hora de planificar en suelo rústico. Destacando, por su innovación, la compensación por su conservación a aquellos propietarios de suelos categorizados por su valor ambiental, que saldrá del canon por aprovechamiento edificatorio en suelo rústico, así como la creación de un Fondo de Compensación Insular, nutrido del canon aplicado a los suelos urbanizables y urbanos.
También es de resaltar el Título II, Capítulo I, dedicado al Régimen General del Suelo Rústico, donde se nombran cosas tan obvias, como que: “Los invernaderos y las instalaciones fácilmente desmontable no tienen que respetar los retranqueos a linderos” y que “Los usos complementarios relacionados con la transformación y venta podrán efectuarse en las explotaciones agrarias”.
Aunque existe la posibilidad real de mejorar el texto con nuevas aportaciones antes de que llegue al Parlamento, esperemos que cuando salga de
este con rango de Ley, en lo tocante al sector agrario, se mantenga el articulado actual con los cambios que el sector haya logrado introducir, evitando que la semejanza sea la de un huevo con una castaña.

Juan Manuel Hernández Rodríguez
Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Cabildo de La Palma
Viejos problemas y nuevos retos

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