Sobre el tapete

Este artículo fue publicado en el Revista Palca nº35. Ver revista completa

Sobre el tapete nos encontramos dos nuevas leyes que interaccionan directamente con el agro y, a corto plazo, tiñen de nubarrones el sector por la incertidumbre que ambas tienen en su periodo de tramitación, como son: la Ley del Suelo y la llamada Ley de las Islas Verdes, que condicionan la actividad agraria, aplicando medidas restrictivas o buscando la compatibilidad con otros sectores, en especial con el turístico.

Las posibles estrategias de desarrollo que se apliquen en el territorio, buscando que salgan adelante proyectos relacionados con el turismo, pueden colisionar con los intereses del sector agrario, limitando de manera importante su modernización, por lo que hay que hacerlo con extrema prudencia, ya que no podemos desvestir a un santo para vestir otro.

Uno de los puntos más controvertidos de la nueva Ley del Suelo de Canarias es el relacionado con la reserva de suelo para procesos urbanizadores, por ser una herramienta muy delicada, asignando bolsas de suelo en rústico común, donde se podrán ubicar equipamientos, dotaciones o usos industriales. Ello hace que este suelo no se pueda mejorar desde un punto de vista agrario (pistas, bancales, redes de riego, cuartos de aperos, granjas…), únicamente instalaciones fácilmente desmontables, ya que de lo contrario se aumentaría su valor expropiatorio cuando se retenda realizar el proceso urbanizador.

En el caso de la Ley de Las Islas Verdes, sus puntos más polémicos, están en el desarrollo urbanístico de las zonas turísticas, a priori desmesurado, y de los famosos campos de golf. Pero, leyendo la letra menuda, lo realmente polémico es que en la Ley se definan los instrumentos de planificación insular turística como de
ordenación territorial, cuando esto es competencia del Plan Insular de Ordenación.

Quizás, el lector a estas alturas no ha entendido nada de lo expuesto o tiene un importante dolor de cabeza, ya que la ordenación del territorio es una maraña de
instrumentos burocráticos, que para la mayoría de la población pasa desapercibida pero condiciona muchas de las actuaciones que vayamos a realizar en el futuro, desde una red de riego hasta un empaquetado.

Vamos a intentar desgranar algunos de los artículos de la Ley del Suelo de Canarias y como afectarán de manera positiva o negativa al agro. Existe uno que se echaba de menos en el sector agrario cual es el de los usos y obras provisionales, que por su premura o necesidad de ejecución no pueden esperar al largo trámite burocrático para finaliza rlas, tales como: el tendido de la tubería de una comunidad de riegos, el cambio de una red de riego obsoleta, la reparación de un canal, la mejora de un estanque o deposito, la reparación de una pared medianera de una finca, y así un sinfín de actuaciones que el sector necesita llevar a cabo.

En cuanto al articulado relacionado con los asentamientos, se deja la puerta abierta a los redactores de los planes generales para ubicarlos en: Suelo rústico de asentamiento (SRA), cuando en los terrenos existan núcleos de población consolidados, diferenciándose las siguientes subcategorías:

1) “Suelo rústico de asentamiento rural (SRAR), integrado por aquellos núcleos de población existentes con mayor o menor grado de concentración, con vinculación actual o no a actividades agropecuarias, cuyas características no justifiquen su clasificación y tratamiento como suelo urbano”.

2) “Suelo rústico de asentamiento agrícola (SRAG), integrado por aquellas áreas de explotación agropecuaria en las que haya tenido un proceso de edificación residencial relacionado con dicha explotación, siendo la edificación justificada y proporcional a la actividad agropecuaria”.

Viendo estas definiciones, están claras dos cosas: que muchos núcleos de población que pueden ser urbanos, se clasifican como Suelo rústico de asentamiento rural (SRAR) y que no se cumple la relación y justificación entre edificación residencial y la actividad agraria en los Suelos rústico de asentamiento agrícola (SRAG).

Hay un tema que no tenemos claro que se recoja finalmente en la Ley del Suelo de Canarias como es los impactos en el paisaje rural de las líneas de suministro de energía en suelo rústico, ya que los intentos de minorarlos han caído en saco roto por ser más costosos y complicados. Debería contemplarse en la Ley que en los planes generales se prevea el soterrado de aquellas líneas susceptibles de ello.

El sector ganadero que practica el pastoreo, debe vigilar el artículo 61 de esta Ley, que confía a los planes generales la limitación o prohibición del mismo, por riesgo cierto o constatable de afección a la biodiversidad.

El artículo 62 de la Ley de Suelo afecta directamente al subsector vitivinícola con el siguiente texto: “En cualquier categoría de suelo rústico donde existan explotaciones vitivinícolas se podrá autorizar la construcción de bodegas individuales, cooperativas o colectivas e instalaciones vinculadas a las explotaciones que tengan que ver con la ordenación del aprovechamiento del potencial agrícola siempre que no exista p rohibición expresa en el plan insular de ordenación, o en e l planeamiento de los espacios naturales protegidos que resulten aplicables al ámbito donde se pretenda ubicar la instalación, se acredite la necesidad de su implantación en el entorno de la explotación y permanezcan las edificaciones o construcciones directamente vinculadas a la actividad agraria. Las bodegas e instalaciones deberán ser construidas acomodándose en cuanto a materiales y condiciones constructivas al entorno agrícola y al paisaje del espacio donde se localicen”. Una demanda importante de este subsector que por fin puede verse cumplida.

Por último, en el artículo 63 de la citada Ley, se abre la puerta a una mejora y complementariedad en el sector agrario permitiendo actividades comerciales en las explotaciones, lo que ha sido una continua reivindicación del agro desde hace mucho tiempo y cuyo texto es como sigue: “Se consideran usos complementarios aquellos que tengan por objeto la transformación y venta de productos agrarios, ganaderos, plantas ornamentales o frutales, derivados o vinculados con la actividad agropecuaria, siempre que sean productos de origen canario, ya sean transformados o sin transformar, que redunden directamente en el desarrollo del sector primario de Canarias; así como las cinegéticas, la producción de energías renovables, las turísticas, las artesanales, las de restauración, las culturales, las educativas y cualesquiera otros usos y actividades que completen, generando renta complementaria, la actividad ordinaria realizada en las explotaciones”.

Esperamos que en el trámite parlamentario, en lo tocante al suelo rústico, las modificaciones del texto, si las hubiera, sean en beneficio del campo canario.

Juan Manuel Hernández Rodríguez
Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Cabildo de La Palma

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