La prevención de riesgos laborales en la flota de pesca

Este artículo fue publicado en el Revista Palca nº34. Ver revista completa

Atenor de los informes de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), adscrita al Ministerio de Fomento, aproximadamente la mitad de los buques y embarcaciones de bandera española implicados en accidentes marítimos son pesqueros. Como ejemplo de la acusada siniestralidad de la flota de pesca profesional, basta indicar que el último informe anual publicado por la CIAIM (correspondiente al año 2014) contabilizó la pérdida irreparable de un total de 28 buques y embarcaciones, de los cuales 26 fueron pesqueros.

Más allá de los quebrantos económicos derivados de estos datos de siniestralidad, las peores consecuencias son siempre las que se sustancian en muertes o en lesiones permanentes invalidantes de los trabajadores del sector pesquero. Según el estudio con título “Causas de los accidentes marítimos muy graves en la pesca 2008-2013”, elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), durante el quinquenio analizado se contabilizaron 22 tripulantes fallecidos y 10 desaparecidos por accidentes de buques y embarcaciones pesqueros; como consecuencia, el índice de incidencia de accidentes mortales se cifró el último año del periodo de estudio en 31,2 accidentes mortales por cada cien mil trabajadores, muy por encima de la media del total de actividades económicas (3,3) y superando de largo las cifras de un sector tan estigmatizado respecto a la siniestralidad laboral como es la construcción (8,9).

Sin pretender ser complacientes con semejante situación, conviene advertir que estos datos nacionales resultan congruentes con las cifras de siniestralidad globales obtenidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que estiman que el 7% de las víctimas mortales de accidentes laborales que se producen en el mundo ocurren en el sector pesquero, a pesar de que aglutine menos del 1% de la fuerza laboral mundial.

No puede obviarse que los peligros asociados al ejercicio de la pesca marítima derivan de la naturaleza esencialmente tecnificada de esta actividad, desarrollada a través de buques y embarcaciones sometidos a las habituales inclemencias del medio marino. Así, tras analizar los informes de accidentes marítimos elaborados por el CIAIM, el INSHT ha computado un número mayor de pescadores fallecidos o desaparecidos en España por causa de accidentes de carácter operacional a bordo de buques y embarcaciones, seguidos de hundimientos, vuelcos, abordajes e incendios. Sin embargo, a pesar de esta prevalencia de causas relacionadas con las operaciones de pesca y la navegación en la materialización de accidentes, existen peligros derivados de otras operaciones habituales de la flota que se desarrollan en el entorno portuario, tal y como las de carga y descarga de pesca mediante grúas, la puesta en seco de embarcaciones a través de pórticos automotores, la reparación naval en varaderos, el suministro de combustible mediante surtidores, así como otras tareas ejecutadas en instalaciones y/o con máquinas propias de la compleja y singular técnica de la Ingeniería Naval y Oceánica aplicada al mantenimiento y logística de la flota.

En lo que concierne particularmente a la flota pesquera censada con puerto base en Canarias, compuesta por menos de 800 unidades (de un total nacional de 10.000), destacan sus bajos índices de siniestralidad respecto a otras flotas nacionales, derivados de su singular caracterización: la flota canaria está integrada por un 90% de embarcaciones de eslora inferior a 12 metros, dedicadas a la pesca artesanal y costera en la modalidad de “artes menores” y clasificadas mayoritariamente, a efectos de seguridad marítima, como embarcaciones de “pesca local” obligadas a ejercer su actividad sin alejarse de la costa más de10 millas náuticas.

Los bajos índices de siniestralidad de la flota pesquera canaria de artes menores se deben, sin duda en gran medida, a su típica actividad cercana a la costa con periodos cortos de permanencia en la mar, que permiten anticipar condiciones meteorológicas adversas, minimizándose así los riesgos asociados a la navegación; además, determinados condicionantes técnicos de la flota, como supone su carácter artesanal y la prohibición de empleo del arrastre en el caladero nacional de Canarias, resultan elementos claramente coadyuvantes en la reducción de los riesgos de la navegación (por pérdida de estabilidad durante las maniobras de pesca), así como de los riesgos de carácter operacional habituales a bordo de las embarcaciones de otros caladeros (golpes por puertas de arrastre y como consecuencia de rotura de elementos sometidos a tensión, atrapamientos en las partes móviles de maquinillas y cables empleados sistemáticamente por la pesca industrial, etc).

No obstante, conviene tener presente que el riesgo de que puedan materializarse los peligros típicos asociados a la actividad pesquera siempre existe para cualquier embarcación de cualquier caladero, como muestra el alto índice de incidencia de accidentes del sector pesquero en España: al efecto cabe citar el reciente vuelco de la embarcación pesquera de artes menores y menos de12 metros de eslora, de nombre “Nuevo Santiago Primero”, ocurrida el pasado 26 de febrero a 8 millas al WSW de la costa de Mogán (Gran Canaria), que se encuentra actualmente bajo investigación del CIAIM.

Por su interés recordaremos sintéticamente, en el espacio que puede ofrecer la reducida extensión de este artículo, las principales funciones en materia de seguridad y salud laboral de las Administraciones destinadas a coadyuvar en la deseable disminución de la siniestralidad del sector pesquero canario:
Administración marítima del Estado:
El Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de la Marina Mercante, ordena y controla la flota pesquera española en materia de seguridad marítima, ejerciendo su inspección técnica y operativa mediante las dos Capitanías Marítimas existentes en Canarias. Conviene aclarar que la normativa de seguridad marítima contiene prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas aplicables al ámbito laboral y que, por tanto, puede considerarse incluida como “especie” en el “género” de la normativa de prevención de riesgos laborales.
Administración laboral de la Comunidad Autónoma y del Estado: La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, a través de la Dirección General de Trabajo, coordina los servicios y ejerce determinadas funciones en materia de seguridad laboral, correspondiendo específicamente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la vigilancia y control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, así como el asesoramiento e información en materia laboral. Por su parte, el Instituto Social de la Marina, también dependiente del precitado Ministerio, tiene asignados entre otros asuntos la vigilancia de la salud de los trabajadores del mar mediante reconocimientos médicos de embarque, su asistencia y formación sanitaria y el control de botiquines a bordo. Finalmente, es necesario mencionar al INSHT y al Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL) como órganos especializados, dedicados al análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como de promoción y apoyo a la mejora de las mismas.
Administración portuaria de la Comunidad Autónoma y del Estado: La entidad Puertos Canarios, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes, así como las dos Autoridades Portuarias existentes en Canarias, dependientes del Ministerio de Fomento a través del Organismo Público Puertos del Estado, gestionan el dominio público portuario que sirve de plataforma operativa a la flota pesquera canaria, debiendo asegurar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales también en lo que al sector pesquero concierne, y especialmente respecto a la coordinación de las actividades empresariales en el entorno portuario.
Administración pesquera de la Comunidad Autónoma y del Estado: La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, a través de la Dirección General de Pesca, y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, mediante la Secretaría General de Pesca, ejercen funciones en materia de formación marítimo-pesquera de los pescadores profesionales, así como funciones referentes a la ordenación del sector pesquero, promoviendo la mejora y racionalización de las condiciones en las que se realizan las actividades pesqueras profesionales.

Víctor García García.
Ingeniero Naval.
Funcionario de carrera del Cuerpo de Ingenieros Navales del Estado.
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales

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